A poco más de un año del fatal atropello y posterior agresión en plena vía pública sufrida por un joven de iniciales N.H.C. en calle Los Naranjos con Avenida Edmundo Pérez Zujovic, la Fiscalía de Antofagasta logró condenas de 13 y 11 años de presidio para los dos autores del hecho, como responsables del delito de homicidio.
El caso generó alto impacto en la opinión pública, pues cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la víctima, de 21 años, fue arrollada por el vehículo que conducía uno de los condenados, como también los golpes que a continuación le propinó el segundo acusado, mientras éste yacía inmóvil en el suelo.
Según pudo acreditar la Fiscalía de Antofagasta en juicio desarrollado la semana pasada, el día 8 de enero de 2023, pasadas las 14.30 horas, N.H.C. mantuvo un fuerte altercado en playa Trocadero con un grupo de sujetos, entre los que se encontraban los acusados, Marcos Andrés Gálvez Molina, de 30 años, y Jaime Alejandro Pérez Quiñones, de 25.
El incidente, que incluyó agresiones mutuas, continuó posteriormente en el sector de los estacionamientos de la misma playa, donde la víctima divisó a uno de los integrantes del grupo rival, siguiéndolo hasta la intersección de Avenida Edmundo Pérez Zujovic con calle Los Naranjos, donde lo agredió junto a otro amigo.
Al observar esta situación, el acusado Marcos Gálvez Molina, condujo a toda la velocidad y contra el tránsito un vehículo Hyundai color azul con la clara finalidad de atropellar a N.H.C., embistiéndolo con gran fuerza y arrojándolo al suelo gravemente herido. A continuación -dice el tribunal- el imputado Jaime Pérez Quiñones, que viajaba como copiloto, se bajó rápidamente del vehículo, propinándole golpes en la cabeza mientras yacía indefenso en el piso, tras lo cual ambos acusados se dieron a la fuga a bordo del automóvil azul.
El joven de 21 años fue trasladado por terceros al Hospital Regional de Antofagasta donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones recibidas.
CONDENA
Por estos hechos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a Jaime Alejandro Pérez Quiñonez a la pena de 11 años de presidio, mientras que a Marcos Andrés Gálvez Molina le impuso la pena de 13 años de cárcel, en calidad de autores del delito de homicidio.
En su fallo, el tribunal agrega que, no cumpliendo los sentenciados los requisitos previstos en la Ley N°18.216, una vez ejecutoriada la sentencia, ambos deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, la que se les contará, en el caso de Pérez Quiñones, desde el 7 de marzo de 2023, y de Gálvez Molina, desde el 12 de marzo de 2023, fechas desde las cuales se han encontrado ininterrumpidamente privados de libertad con ocasión de esta causa.
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, mientras que el juicio oral lo desarrolló el fiscal adjunto David Cortés Alfaro.
Este último destacó que durante la investigación “se obtuvo prueba testimonial y videográfica de gran relevancia, la cual, sumada al trabajo policial desarrollado por la SIP de Carabineros, permitió acreditar el hecho y la participación culpable de los acusados”.
Por su parte, el fiscal Aguilar manifestó que la investigación realizada logró determinar fehacientemente la forma en que ocurrieron los hechos, desde el momento en que se produjo el contacto inicial en playa Trocadero, hasta que los condenados atropellan y luego agreden a la víctima en calle Los Naranjos, provocándole distintas lesiones que originaron su muerte.
“Se pudo identificar a Gálvez Molina como el sujeto que al momento de los hechos conducía el vehículo que impactó a la víctima, y a Pérez Quiñones como la persona que se encontraba a bordo como copiloto y quien le propinó violentos golpes en la cabeza momentos después del atropello, según se observa en un video que se presentó como elemento de prueba en el juicio”, manifestó Aguilar.
Cabe precisar que ambos acusados fueron detenidos en el mes de marzo de 2023, gracias al trabajo investigativo desplegado por la Fiscalía y SIP de Carabineros, que permitió identificarlos y pedir las correspondientes órdenes al Juzgado de Garantía.